Derechos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia #718256

Lo que más se espera de la Justicia en un país moderno es que cumpla su cometido de garantizar los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, satisfactoriamente. Y, por tanto, que actúe de forma previsible y ágil sin discriminación de ningún tipo en todos sus procesos abiertos.
También se espera que actúe como poder independiente, unitario e integrado, con una estructura vertebrada, regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales».
El Pleno del Congreso de los Diputados, el 16 de abril de 2002, aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, como proposición no de ley, el texto de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, que establece un catálogo de derechos de los usuarios de la Justicia.
La Carta se divide en cuatro apartados, dedicado el primero de ellos al desarrollo de los principios de transparencia, información y atención adecuada, destacando la importancia de conseguir una administración de justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.
La segunda parte se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la administración de justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos: víctimas de delitos y, en especial, de violencia doméstica y de género, menores de edad, personas con discapacidades físicas o psíquicas, extranjeros inmigrantes. Para todos ellos se debe asegurar la aplicación de los principios de la Carta. Un tercer apartado se dedica a las relaciones de los ciudadanos con los Abogados y Procuradores.
Por último se cierra con una previsión relativa a su eficacia, proclamando su exigibilidad a Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperen con la Administración de Justicia, recomendando a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de sus postulados.